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Unidad 9.- Obtención de dotaciones. Cesiones obligatorias. Ocupación directa.

por José Antonio Rosa Última modificación 24/06/2010 13:59
Colaboradores: UNIA
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I. Introducción.- Junto a la actuación sistemática para la ejecución integral del planeamiento en ámbitos homogéneos, nos encontramos con la actuación asistemática. Se trata de distintos procedimientos para la ejecución de las dotaciones y la obra pública. La administración pública dispone de distintos mecanismos de obtención de suelo para el dominio público y la ejecución de la obra pública.

II. Objetivos.- En esta Unidad vamos a conocer los distintos instrumentos para obtención de suelo y ejecución de infraestructuras, distintos de la ejecución sistemática en unidades de ejecución. La satisfacción del interés general pasa por el máximo respeto a los derechos del propietario que debe ver compensada la pérdida de la cosa por un justo precio, o en su caso el pago en especie o una compensación equivalente.

III. Ideas clave.- Suelo. Urbanismo, Propiedad. Ocupación directa. Compensación. Aprovechamiento. Expropiación. Urbanización. Cuotas de participación.

IV. Exposición.-


Indice.

1.-La obtención de dotaciones.

2.- Ocupación directa.

a).- Concepto y naturaleza jurídica.

b).- Régimen jurídico.

c).- Presupuestos.

d).- Procedimiento.

e) Efectos jurídicos.

3.- La expropiación forzosa.

4.- La cesión obligatoria y gratuita.

5.- Ejecución de la obra urbanizadora.-

5.1.- Actuaciones urbanizadoras integradas, (Proyecto de Urbanización).

5.2.- Actuaciones urbanizadoras no integradas.(Obras Públicas Ordinarias).

a.- Obtención del suelo.-

b.- Ejecución de la obra.-

c.- Establecimiento de cuotas de urbanización.-

6.- Contribuciones Especiales.-

 

1.-La obtención de dotaciones[1].

En el título dedicado a la Ejecución de los instrumentos de planeamiento, la LOUA, tras el desarrollo de las actuaciones por unidades de ejecución, regula la Ejecución de las dotaciones y lo que denomina “Otras formas de ejecución”, por lo que vamos a continuar este trabajo analizando la obtención[2] de dotaciones desde dicha estructura expositiva.

Para comenzar, recordemos que, en actuaciones asistemáticas, previamente a la obtención de licencia de obras, el propietario ha debido ceder obligatoriamente la parte de su propiedad afecta a dotación, (incluso la simple afección viaria por regularización de alineaciones), en cuyo caso, se produce una reserva del aprovechamiento que no se ha podido materializar, conocido como “defecto de aprovechamiento” que se habrá de gestionar a través del Registro de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos.

Conforme al art. 139.b) LOUA, el suelo destinado a dotaciones se obtiene, cuando no este adscrito a una unidad de ejecución, mediante transferencias de aprovechamiento en virtud del correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución cuando así esté previsto en el instrumento de planeamiento, disponiendo este artículo que, en defecto de TAU se obtendrá mediante expropiación u ocupación directa.

Ya hemos visto en la Unidad 5, el mecanismo de las TAU´s, por lo que veremos en este tema las restantes formas de obtención de dotaciones y de ejecución de la obra urbanizadora.

 

2.- Ocupación directa.


a).- Concepto y naturaleza jurídica.

Siguiendo a Arranz Marina, podemos definir la ocupación directa como la obtención de terrenos afectos por el planeamiento urbanístico a cualquier tipo de dotación, (sistema general o local), mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una Unidad de Ejecución excedentaria. Así, la administración obtiene el terreno dotacional y el propietario, en compensación, obtiene los aprovechamientos que le corresponden en el instrumento de equidistribución de la U.E. excedentaria a la que se ha adscrito su derecho.

Se trata de una relación jurídica sinalagmática en la que debe existir equilibrio en las contraprestaciones por lo que, al consumarse la ocupación directa, se está confiriendo al propietario de un suelo dotacional, que no dispone de aprovechamiento lucrativo alguno, es decir, con aprovechamiento objetivo equivalente a “cero”, el aprovechamiento subjetivo al que tiene derecho, como todo propietario en el área de reparto.

Pero este planteamiento no la asimila a la expropiación forzosa como transmisión coercitiva de la propiedad, ni a una permuta forzosa, sino mas bien se asemeja a la reparcelación urbanística donde, al propietario de un terreno sin aprovechamiento objetivo, se le mantiene tal concepto aunque el objeto de su titularidad sufre una transformación, como consecuencia de la necesidad de adaptar su configuración al planeamiento.

Conforme a lo dispuesto en el art. 141 LOUA, los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo.

La ocupación directa requerirá la determinación del aprovechamiento urbanístico que corresponda a la superficie afectada y de la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo.

La obtención de suelo afecto a Sistemas Generales se hace mediante el instituto de la ocupación directa, de forma que al propietario se le asigna aprovechamiento en un ámbito de equidistribución en compensación por la propiedad que se le ocupa.

En la Ocupación Directa, el aprovechamiento asignado tiene acceso al Registro de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico y al Registro de la Propiedad, como finca especial de aprovechamiento, pendiente de incorporación a un ámbito de ejecución[3] con excesos de aprovechamiento, donde se le adjudicará el aprovechamiento correspondiente en fincas resultantes.


b).- Régimen jurídico.

La STC 61/97 de 20 de marzo, declaró constitucional el art. 203 TRLS/92 por considerar que sus determinaciones sobre establecimiento de la ocupación directa eran competencia estatal. No obstante, la LRSV 6/98 dejó sin efecto entre otros, dicho artículo, sin que se haya rehabilitado sus determinaciones por la legislación posterior, lo que ha llevado a una parte de la Doctrina a admitir la ocupación directa voluntaria, como forma de expropiación forzosa con pago en especie, que podrá operar sólo por consentimiento del expropiado, considerando inconstitucionales las determinaciones de la legislación autonómica que prevén la Ocupación Directa, obligatoria o voluntaria, por tratarse de competencia estatal, Estanislao Arana y Cuesta Revilla[4] entienden que la Ocupación Directa en la forma prevista en la LOUA, “no es viable legalmente si no cuenta con el consentimiento del expropiado..”, porque dicha STC (fjº 29.a) mantuvo en vigor el art. 203 del TRLS/92 porque la ocupación directa era “una transmisión coactiva de la titularidad dominical de tales terrenos a las Administraciones urbanísticas actuantes para adscribirlos a los usos y servicios públicos que motivaron su afectación en el Plan de Ordenación, próxima la expropiación (...) por la que unilateralmente la Administración expropiante puede satisfacer el justiprecio mediante la adjudicación de terrenos equivalentes”, por lo que entienden estos autores que la Ocupación Directa es una modalidad de expropiación en la que el pago del justiprecio se llevaba a cabo en especie, modalidad de pago que no puede ser obligatoria, sino con consentimiento del expropiado. (En el mismo sentido estos autores citan a Fernández Torres, J.R y Santos Diez y Castelao Rodríguez). No obstante, Arranz Marina[5] , entre otros, considera que “el legislador estatal ha prescindido de regularla, teniendo en cuenta las consideraciones de la STS de 12 de diciembre de 2000… que impedía utilizar los instrumentos legales imprescindibles para la ocupación directa y de naturaleza urbanística de competencia autonómica.”[6].

Así hay legislación estatal que prevé la existencia de la ocupación directa, como ocurre con el art. 35.e) TRLS/08 que prevé la indemnización de las lesiones en los bienes y derechos que resulten de “La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial urbanística a dotaciones públicas, por el periodo de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente.”, previéndose la figura también en el RD 1093/97, recordando Arranz Marina[7] que “La práctica totalidad de las normas urbanísticas de las 17 CC.AA. contemplan y regulan la institución jurídica de la ocupación directa, como medio de obtención de terrenos con destino a dotaciones públicas…

Arranz recuerda que “Varias son las Normas urbanísticas que contemplan la posibilidad de realizar el pago de los terrenos obtenidos por ocupación directa con destino a dotaciones públicas, con pago en especie, con terrenos del PPS, a través de enajenación directa por medio de permuta, contemplando la permuta forzosa”, D.Leg. 1/2000 de Canarias; Ley 2/2002 de Cantabria; Ley 5/1999 y D. 22/2004 de Castilla y León; ley 15/2001 de Extremadura; Ley 9/2002 de Galicia; Ley 9/2002 de Madrid y D.Leg 1/2005 de Murcia.

En base a todo ello, entendemos no es necesario el consentimiento del propietario para levantar acta de ocupación y en consecuencia desposeerle del bien de forma coercitiva por cuanto esta así regulado en la legislación urbanística, sin que se haya producido pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de una posible invasión de competencias estatales.

 

c).- Presupuestos.

El art. 141.1 LOUA, requiere, como presupuesto de la ocupación, la previa determinación del aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado y de la unidad de ejecución en la que ese aprovechamiento deba hacerse efectivo.

Al estar concebido para compensar en una U.E. excedentaria, se requieren otros dos presupuestos previos; que, en el cálculo de los aprovechamientos de la unidad de ejecución, se haya considerado la obtención de sistemas dotacionales adscritos a la misma, así como que, esos sistemas sean los que se han computado como carga externa, pues si estan adscritos a una área de reparto asistemática, la obtención no se llevará a cabo por ocupación directa, es decir, que la obtención de los sistemas se realizará de otra forma, al no poderse compensar aprovechamientos en una unidad de ejecución.


d).- Procedimiento.

El art. 141.2 LOUA establece determinadas reglas de procedimiento[8], de las que destacamos la necesaria publicación de propiedades y propietarios, con indicación de aprovechamientos y Unidad de Ejecución en la que vaya a compensar, el levantamiento de acta, la certificación e inscripción registral de la misma. Entendemos preceptiva a inscripción en el registro de Transferencias de Aprovechamientos urbanísticos. En el procedimiento se debe considerar los requerimientos del art. 42 RD 1093/97.


e) Efectos jurídicos.

El suelo ocupado, se transmite a la titularidad pública para el uso dotacional previsto, legitimándose la actuación municipal sobre dicho suelo.

A favor del propietario se constituye una “Reserva de Aprovechamiento”, con el carácter de derecho real, con plena capacidad de disposición, susceptible de tráfico jurídico.

El art. 39.2 del RD 1093/97 prevé la inscripción en el Registro de la Propiedad de los aprovechamientos como finca especial disgregada del suelo, pendiente de integración en un Proyecto de Equidistribución donde se le asigne definitivamente los aprovechamientos en parcela edificable.

El art. 77 RD 1093/97 hace referencia a la nota marginal acreditativa de la adquisición del aprovechamiento urbanístico, estableciendo que a los efectos del contenido del dominio inscrito sobre la finca, los terceros adquirentes del mismo quedarán subrogados en los derechos y deberes urbanísticos resultantes del aprovechamiento que ha sido objeto de la nota marginal según el plan que en cada caso sea aplicable.

El Real Decreto 1.093/97 se ocupa también de las consecuencias de la Ocupación Directa de fincas, previendo en el art. 42 la inscripción de las fincas y de su aprovechamiento, disponiendo que “el aprovechamiento urbanístico correspondiente a fincas que sean objeto de ocupación directa por la Administración actuante, por estar destinadas por el planeamiento a sistemas generales o a usos dotacionales de carácter local, se inscribirán en el Registro de la Propiedad[9].

El aprovechamiento dimanante de la finca o fincas ocupadas[10] dará lugar a la apertura de un folio independiente para el que corresponda a cada una de ellas, al que se trasladarán todos los asientos vigentes de la finca ocupada. La certificación expresará los correspondientes derechos que, por razón de su naturaleza, no pueden extenderse sobre el aprovechamiento.

Opera la subrogación real de las cargas sobre la finca ocupada, aunque se pueden cancelar cargas compensando a sus titulares con asignación de aprovechamiento en detrimento del derecho del propietario, máxime cuando se trate de cargas incompatibles con el planeamiento, como puede ser un arrendamiento, o cualquier otra circunstancia..

En la misma Acta de Ocupación se debe indemnizar las edificaciones, plantaciones y otros elementos existentes sobre la finca ocupada, aunque no existe un procedimiento contradictorio de determinación del valor. Por ello, entendemos directamente aplicables los criterios de valoración del TRLS/08 y el procedimiento de la expropiación forzosa de determinación de justiprecio, por analogía, incluyendo el dictamen del Jurado Provincial.

El tiempo que medie entre la ocupación de la finca y la asignación material de los aprovechamientos en finca edificable tendrá la consideración de plazo de ocupación temporal, indemnizable y que no podrá superar el plazo de cuatro años, en cuyo caso la propiedad podrá instar la expropiación, pues la indemnización por ocupación temporal no podrá superar dicho plazo, todo ello, por analogía de las determinaciones de la Ley de Expropiación Forzosa.


3.- La expropiación forzosa.

Conforme a lo dispuesto en el art. 140 LOUA, la expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones no incluidas en, o adscritas a un sector o unidad de ejecución, deberá tener lugar dentro de los cuatro años[11] siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que legitime la actividad de ejecución.

Especial referencia merece el pago de la expropiación en especie, de acuerdo con el expropiado, previsto en el art. 120.2 LOUA que entendemos incluye el pago mediante reserva o asignación de aprovechamiento.


Efectos jurídicos.

Dispone el art 140.3 de la LOUA que en el supuesto de dotaciones incluidas o adscritas a sectores o unidades de ejecución, la Administración expropiante se incorporará a la comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas que corresponda y por la superficie en cada caso expropiada, lo cual obedece a que la obtención del suelo por parte de la Administración no ha sido gratuita, sino onerosa, razón por la que la Administración expropiante entra en el reparto de beneficios y cargas como un propietario mas.

Resulta lógica la previsión de que la Administración expropiante se incorpore a la comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas que corresponda y por la superficie en cada caso expropiada[12]. Esta situación va a dar lugar a que el expropiado se anticipe cediendo los terrenos, con reserva de aprovechamiento, evitando así la expropiación, a cambio de los aprovechamientos que le correspondan en la unidad de ejecución, opción que entendemos preferente a la expropiación forzosa. Recuérdese que, el art. 139, otorga prioridad a las Transferencias de aprovechamiento respecto de la expropiación y la ocupación directa.

 

4.- La cesión obligatoria y gratuita.

El art. 143.2 LOUA, habla de Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación y de Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.

No alcanzamos a comprender la forma de reparcelar en un ámbito distinto de una unidad de ejecución, (quizá se refiera a una reparcelación voluntaria, donde habría cesión y reserva de aprovechamiento), salvo que la cesión requiera una escritura de agrupación y división material, pues la reparcelación como tal tiene unas características que no se dan en el suelo asistemático o actuación no integrada. En este caso podría haberse hablado de cesión voluntaria en lugar de reparcelación.

No obstante queremos significar que, tratándose de una cesión obligatoria, el concepto gratuita, se usa por una mera dinámica histórica pues, las cesiones no son gratuitas ya que, la propiedad obtiene el aprovechamiento correspondiente al suelo afectado. Lo cual no quita que se realice la cesión de las dotaciones obligatorias, pero queda claro que la propiedad recibe el aprovechamiento que les corresponde.

 

5.- Ejecución de la obra urbanizadora[13].-

El art. 139 LOUA tras determinar las distintas formas que obtención del suelo destinado a dotaciones, relaciona las formas de realizar las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones, conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del instrumento de planeamiento, relacionando dos formas distintas, por una parte, conjuntamente con las restantes obras de urbanización y en el seno del sistema de actuación establecido, lo que conocemos como actuaciones urbanizadoras integradas que se van a desarrollar mediante Proyectos de Urbanización y las actuaciones urbanizadoras no integradas, mediante Obras Públicas Ordinarias.

 

5.1.- Actuaciones urbanizadoras integradas, (Proyecto de Urbanización)[14].

Una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación se ejecutará la obra urbanizadora conforme al correspondiente Proyecto de Urbanización, cuyo contenido y tramitación viene regulado normativamente, sin que este proyecto pueda alterar determinaciones de planeamiento.


5.2.- Actuaciones urbanizadoras no integradas[15], (Obras Públicas Ordinarias).-

La ejecución del planeamiento como obras públicas ordinarias ó Actuaciones Urbanizadoras no integradas[16], desarrolladas en el art. 143 LOUA, las entendemos como una concreción o desarrollo del art. 139.1.b, aunque desaparece la referencia a la ocupación directa.


a.- Obtención del suelo.-

Efectivamente, como hemos visto, el art. 143 comentado, viene referido a la ejecución de la actuación urbanizadora no integrada que cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por el municipio delimitación de unidades de ejecución, se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias, de acuerdo con la legislación que sea aplicable por razón de la Administración pública actuante, en cuyo caso, conforme a lo determinado en el apartado 2 de dicho artículo, el suelo preciso para las dotaciones se obtendrá, por:

a).- Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación. La cesión gratuita sin compensación alguna implica confiscación, lo cual está proscrito en nuestro decimonónico ordenamiento urbanístico, por lo que la cesión gratuita vendrá siempre acompañada de mecanismos de justa distribución de beneficios y cargas.

b).- Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico. Este es un cajón de sastre en el que se va a posibilitar la cesión gratuita con mecanismos distintos de compensación, que en resumidas cuentas viene a justificar que se realice con la anuencia de la propiedad.

c).- Transferencias de aprovechamiento urbanístico en suelos urbanos no consolidados no integrados en unidades de ejecución. Ya visto.

d).- Adquisición por expropiación, compra o permuta.


b.- Ejecución de la obra.-

Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 139 LOUA, las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones se realizarán, conforme a las determinaciones sustantivas, temporales y de gestión del instrumento de planeamiento como obras públicas ordinarias, cuando no se trate de una actuación integral[17].

Entendemos que este apartado va a incluir todo el suelo asistemático, incluso el Suelo Urbano Consolidado que, en algunos casos, va a precisar “completar la urbanización” .

Dispone el art. 98. LOUA que “En suelo urbano consolidado, cuando las obras de urbanización necesarias y preceptivas para la edificación de los solares se refieran a la mera reparación, renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, la definición de los detalles técnicos de las mismas podrá integrarse en el proyecto de edificación como obras complementarias.”, a cuyo efecto, el art. 99 siguiente establece que, cuando las obras de urbanización se puedan incorporar como obras complementarias en los proyectos de edificación, se entenderán aprobadas con la concesión de la licencia de las obras de edificación.


c.- Establecimiento de cuotas de urbanización.-

El art. 143.3 recoge un supuesto específico referido a la posibilidad de establecimiento de cuotas de urbanización en el ámbito al efecto acotado como beneficiario, en el propio proyecto de las obras a ejecutar.

Estas cuotas son algo distinto a las contribuciones especiales y a las cuotas de urbanización en el ámbito de una unidad de ejecución, recordando la fórmula establecida por Porto Rey en algunos planes especiales donde de forma asistemática se han establecido unas participaciones en los gastos globales de la ejecución de las obras.

La Ley Urbanística Valenciana 16/2005 prevé en el art 189 lo que llama el Canon de Urbanización, cuando razones técnicas especiales hagan imprescindible diferir o anticipar la implantación de infraestructuras complementarias respecto a la total urbanización de los solares, en cuyo caso será a través de las ordenanzas municipales donde se podrán establecer un canon de urbanización para que los peticionarios de licencias o los propietarios de parcelas contribuyan a sufragar aquellas infraestructuras.


6.- Contribuciones Especiales.-

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, regula las Contribuciones Especiales, cuyo hecho imponible lo constituye la obtención de un beneficio o de un aumento de valor como consecuencia de la obra pública o el establecimiento o ampliación de servicios públicos, con lo que los conceptos que estamos manejando son idénticos a los que hemos estado viendo respecto de la legislación urbanística, aunque la Jurisprudencia deja muy claro que se trata de un instrumento ajeno a la legislación urbanística por cuanto no es un instrumento de equidistribución sino de financiación de obras ordinarias, “Obras Públicas Locales[18]”.

La base imponible[19] de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

A diferencia del sistema de Cooperación en el que no se puede exigir el pago anticipado de obras mas que hasta los seis meses, en la contribuciones especiales la entidad local podrá exigir por anticipado el pago en función del importe del coste previsto para el año siguiente, aunque no podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo, previéndose incluso la constitución de una asociación administrativa de contribuyentes, que podrán promover la realización de obras, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio, siendo preciso para su constitución que el acuerdo se tome por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

El TS deja muy clara la diferencia de las Contribuciones Especiales con las cuotas[20] de urbanización resultantes de la ejecución sistemática del planeamiento, recordando que las contribuciones especiales eran propias del derogado sistema de ejecución de los Planes por el antiguo régimen de cesión de terrenos viales, en la Ley del Suelo de 1956 y que en la de 1976 únicamente están previstos en caso de ejecución de los sistemas generales o de realización de actuaciones aisladas en suelo urbano, cuando resultan propietarios especialmente beneficiados por la actuación de que se trate.

Tanto la STS de 7 de abril como la de 10 de abril de 1997 recuerdan que “.. las contribuciones especiales sirven para financiar una parte de aquellas obras públicas municipales, propias de la actividad ordinaria de los Ayuntamientos, que se realizan en el interior de las poblaciones, los cascos urbanos y las áreas consolidadas de edificación, cuando beneficien especialmente a determinadas personas de manera que sólo excepcionalmente puede acudirse a su aplicación en zonas de nueva urbanización cuando se realizan otras obras después de concluida ésta.”.

 

 



[1] El art. 143 LOUA prevé las actuaciones urbanizadoras no integradas, disponiendo que en ellas el suelo preciso para las dotaciones se obtendrá por:

“a) Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación.

b) Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.

c) Transferencias de aprovechamiento urbanístico en suelos urbanos no consolidados no integrados en unidades de ejecución.

d) Adquisición por expropiación, compra o permuta.”

[2] Hemos visto distintas formas de obtener las dotaciones, siendo la reparcelación el instrumento central de equidistribución y de obtención de la superficie de suelo afecta a infraestructuras y equipamientos, tanto e el ámbito de actuación como de suelo exterior cuya obtención se haya afectado a la unidad de ejecución de que se trate, por cuenta de los excesos de aprovechamiento.

 

[3] Conforme a lo dispuesto en el art. 52 RGU el aprovechamiento reconocido a cada una de las fincas ocupadas deberá hacerse efectivo en un solo polígono, y si no fuera posible, en el menor número de éstos.

[4] ARANA GARCIA, Estanislao y CUESTA REVILLA, José, “La ejecución de los instrumentos de planeamiento”, en Derecho Urbanístico de Andalucía, Dir. Antonio Jiménez-Blanco y Manuel Rebollo Puig. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia 2003.

[5] ARRANZ MARINA, Teófilo. “La ocupación directa de dotaciones públicas”. Rev. Práctica Urbanística. Nº 80, marzo, 2009. Pag. 79.

[6] STS de 12 diciembre 2000, (RJ 2001\551), Ponente, D. Jesús Ernesto Peces Morate, f.j. 6º, “si bien quedó, una vez dictada la Sentencia 61/1997 por el Tribunal Constitucional, subsistente el artículo 203 del TRLS/92, que permite la ocupación directa como modo de obtener terrenos destinados a sistemas generales, los demás instrumentos legales necesarios para que ello sea posible han sido declarados inconstitucionales y nulos, de manera que, en definitiva, tal modo de obtención de terrenos dotacionales ha devenido inoperante hasta el extremo de que, tratándose de la inconstitucionalidad y nulidad radical de los preceptos utilizados para obtener suelo destinado a sistemas generales, los actos amparados en esos preceptos inconstitucionales quedan viciados de nulidad de pleno derecho,…”

 

[7] Op.Cit. Pag. 80.

[8] La ocupación directa deberá respetar las siguientes reglas (141.2 LOUA):

a) Serán preceptivas la publicación de la relación de terrenos y propietarios afectados, con indicación de los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a éstos y de las unidades de ejecución en las que deban hacerse efectivos, y la notificación personal a los propietarios, con un mes de antelación, de la ocupación prevista y las demás circunstancias relevantes que en ella concurran.

b) En el momento de la ocupación deberá levantarse acta haciendo constar el lugar y la fecha de otorgamiento y la Administración actuante; la identificación de los titulares de los terrenos ocupados y la situación registral de éstos; la superficie ocupada y los aprovechamientos urbanísticos que les correspondan, y la unidad de ejecución en la que éstos deban ser hechos efectivos.

c) Cuando existan propietarios desconocidos, no comparecientes, incapacitados sin representación o propiedades litigiosas, las actuaciones deberán entenderse con el Ministerio Fiscal.

d) Los propietarios afectados por la ocupación tendrán derecho a la expedición de certificación administrativa acreditativa de todos los extremos del acta levantada.

e) La Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acta levantada a los efectos de la inscripción que proceda de conformidad con la legislación aplicable.

 

[9] Se inscribirá por el Registrador de la Propiedad conforme a las siguientes reglas:

“1. Será título inscribible la correspondiente certificación en la que consten las siguientes circunstancias:

a) Lugar y fecha en que se levanta la ocupación.

b) Determinación de la Administración actuante y transcripción del acuerdo de ocupación.

c) Datos de identificación de los titulares de derechos sobre las fincas ocupadas.

d) Circunstancias de las notificaciones realizadas a dichos titulares y especificación de que ha transcurrido el plazo establecido por la ley para formular alegaciones.

e) Descripción de las fincas o partes de fincas objeto de ocupación junto con plano de las mismas, sus datos registrales, la superficie ocupada, las unidades de aprovechamiento que le correspondan y la unidad de ejecución donde han de hacerse efectivos estos aprovechamientos. “.

[10] Igualmente dispone el art. 42 RD 1.093/97 que “la finca objeto de ocupación directa se inscribirá a favor de la Administración actuante, para su afectación al uso para el que fue ocupada y se hará constar que el aprovechamiento urbanístico correspondiente se halla pendiente de consolidación definitiva por la adjudicación de la finca de reemplazo. Al margen de la inscripción practicada se harán constar los datos registrales del folio abierto al aprovechamiento. “.

 

[11] Transcurrido dicho plazo, el procedimiento de expropiación forzosa se entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el propietario afectado o sus causahabientes, transcurren seis meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se produzca. Desde que se entienda legalmente incoado el procedimiento expropiatorio, el propietario interesado podrá formular hoja de aprecio, así como, transcurridos dos meses sin notificación de resolución alguna, dirigirse a la Comisión Provincial de Valoraciones a los efectos de la fijación definitiva del justiprecio.

[12] No obstante, entendemos que, en este caso, no procede la reversión por cuanto el propietario expropiado debió disponer con anterioridad de la opción de ceder con reserva de aprovechamiento y si la administración ha acudido al expeditivo método de la expropiación ha sido porque no ha dispuesto de la opción de obtenerlo gratuitamente.

[13] La LOUA concluye el Capítulo IV sobre La Ejecución de los Instrumentos de Planeamiento, con un cajón de sastre denominado “Otras formas de ejecución”, en cuyo desarrollo nos vamos a centrar en los apartados referidos a las obras públicas ordinarias y la ejecución en áreas de gestión integrada.

 

[14] Dispone el art. 98 LOUA que, “Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de planeamiento... definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritas en el artículo 113.1 de esta Ley y otras previstas por los instrumentos de planeamiento..”

Asimismo establece el artículo comentado que;

--Toda obra de urbanización requerirá la elaboración del proyecto correspondiente y su aprobación administrativa.

--No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la edificación.

-- No podrán modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.”.

[15] El art. 139.2 se ocupa de recordar que en el ámbito de unidades de ejecución, las obras de urbanización de las dotaciones se ejecutan en el seno del sistema de actuación correspondiente y como obras públicas ordinarias en el restante de los casos, por lo que nos tenemos que remitir directamente al art. 143 que desarrolla la ejecución de las dotaciones mediante obras públicas ordinarias, que las denomina, “Actuaciones urbanizadoras no integradas”.

[16] El art. 143.2 LOUA habla de obtención mediante,

a) Cesión obligatoria y gratuita, en virtud de reparcelación, por lo que, como quiera que este apartado no se refiere al suelo incluido en Unidad de Ejecución, entenderemos usa el término “Reparcelación” para algún tipo de equidistribución que no sea sistemática[16].

b) Cesión gratuita por Convenio. Entiendo ilegal el Convenio donde el particular renuncie a su aprovechamiento. Solo se puede referir al acuerdo de cesión, venta o distribución del art. 139.1.b) LOUA.

c) TAU en SUNC asistemático. (El art. 62.3 requiere la previa cesión para su eficacia).

d).- Adquisición por expropiación, compra o permuta.

En todos estos supuestos se puede hacer la cesión con reserva de aprovechamiento, practicar la permuta, pagar la expropiación, también con reserva de aprovechamiento.

 

[17] STS de 17 octubre 1986 (RJ 1986\8042), ponente, Excmo. Sr. D. Julián García Estartús, f.jº. 3º, “…la ejecución de obras relativas a los sistemas generales, o algunos de sus elementos, o para realizar actuaciones aisladas en suelo urbano, no precisan que se hagan por polígonos completos o en unidades de actuación; pudiendo realizarse obras ordinarias, sin necesidad tampoco de un Proyecto de Urbanización y conforme a la normativa del ente interesado, que no tengan por finalidad el desarrollar íntegramente el conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación, … obras que afectan a un proceso de urbanización, pero que son actuaciones aisladas y necesarias que estarán legitimadas en tanto no vulneren al Planeamiento aplicable…

 

[18] Artículo 29. Obras y servicios públicos locales.

1. Tendrán la consideración de obras y servicios locales:

a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de éstos, con aportaciones económicas de la entidad local.

 

[19] Artículo 31. Base imponible.

2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las entidades locales hubieran de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de aquéllas.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.

 

[20] STS de 7 de abril de 1997, rj 1997\6671, Ponente: Excmo Sr. ramón rodríguez arribas, f.j.2º. “.. esta Sala tiene declarado (Sentencia de 20 febrero 1988 [ RJ 1988\917]) que existe diferencia entre las contribuciones especiales y las llamadas cuotas de urbanización, pues el artículo 145 de la Ley del Suelo de 1976 sólo contiene la posibilidad de que en el sistema de expropiación el coste de ésta pueda ser repercutido sobre los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación urbanística, mediante la imposición de contribuciones especiales y también en (Sentencia de 6 junio 1988 [ RJ 1988\9369]), que el sistema de ejecución por cooperación no conlleva la aplicación de contribuciones especiales sino de cuotas de urbanización a cargo de los propietarios afectados..”. En los mismos términos la STS de 10 de abril de 1997, rj 1997\6519

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Copyright 2010, Autores y colaboradores. Cite/attribute Resource. Rosa, J. A. (2010, June 24). Unidad 9.- Obtención de dotaciones. Cesiones obligatorias. Ocupación directa.. Retrieved October 25, 2014, from UNIA OpenCourseWare Web site: http://ocw.unia.es/ciencias-juridicas-y-derecho/aprovechamiento-urbanistico/unidades/Unidad-9.-Obtencion-de-dotaciones.-Cesiones. Esta obra se publica bajo una licencia Creative Commons License. Creative Commons License