Herramientas Personales
Usted está aquí: Inicio Ciencias Jurídicas y Derecho Responsabilidad Civil de los agentes de la edificación en el proceso constructivo Tema 3: Incumplimiento de los agentes y responsabilidad según la Ley de Ordenación de la Edificación

Tema 3: Incumplimiento de los agentes y responsabilidad según la Ley de Ordenación de la Edificación

por (course_default) Última modificación 10/02/2010 13:23
Acciones de Documento
  • Enviar esto
  • Imprimir esto
  • Content View
  • Bookmarks

Materiales tema 3

1.- REGULACION GENERAL DEL INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO DE OBRA

Son numerosos los casos en los que se incumple la ejecución de una obra, ya sea por el plazo de entrega, determinando un mero retraso en el cumplimiento, ya sea por la obra en sí entregada (cualidades o calidades pactadas). Es posible que las partes prevean el posible incumplimiento, y se regule su efecto jurídico mediante la estipulación en el contrato de una cláusula penal. Aún sin la existencia de una concreta estipulación contractual, el Código ofrece la posibilidad del específico desistimiento en el contrato de obra en el art. 1594 Cc. Y no se ha de olvidar el remedio resolutorio del art. 1124 Cc.


1.1.- LA CLAUSULA PENAL EN EL CONTRATO DE OBRA:

Con respecto a la cláusula penal, es usual la introducción en los contratos entre contratista y comitente, para el supuesto de incumplimiento o mora. Con ello, la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento en la entrega, queda sustituida por una cantidad que el contratista ha de pagar al comitente, establecida normalmente por cada día de retraso, evaluándose por las partes con ello los daños anticipadamente. Pero no siempre actúa la cláusula penal, aunque haya sido pactada. En los supuestos en los que no se produce la mora, no cabe la aplicación de dicha cláusula. Son los casos en los que al contratista no puede serle imputado el retraso. De igual modo, en os casos en los que el comitente rechaza, incluso tácitamente, la posibilidad del ejercicio de la cláusula penal. Son los supuestos en los que el comitente recibe a obra y paga el precio, sin alegación alguna.

Se ha de recordar que la mencionada cláusula se aplica exclusivamente en los casos de incumplimiento determinados por ella, pero es viable jurídicamente la moderación de la misma, con base en el art. 1154 Cc. Por otro lado, aun existiendo retraso en el cumplimiento, si estamos en presencia de un incumplimiento contractual mutuo, esto no permite la aplicación de la cláusula penal.

 

1.2.- RESOLUCIÓN APLICABLE AL CONTRATO DE OBRA

En el caso de incumplimiento contractual, el contrato de obra no se halla exento de aplicación del art. 1124 Cc. Para muchos autores y para buena parte de la Jurisprudencia, ha de diferenciarse entre el contrato de obra en el que se pacta la posibilidad de resolver, de aquél en que la resolución no aparece en la regulación contractual. En el caso en el que la resolución se encuentra ausente de las cláusulas contractuales, se podrá acudir al art. 1124 Cc siempre que el incumplimiento por la presencia de vicios o defectos consiga frustrar la finalidad del contrato. No obstante, para acudir al remedio resolutorio, es imprescindible el examen del vicio o defecto concreto, ya que si carece de entidad suficiente como para no frustar el fin contractual, entonces se considerará como mero retraso en el cumplimiento. En este caso, es posible la posterior subsanación por parte del contratista, o bien la reducción del precio, dependiendo de la relación del defecto con la obra completa. De igual modo, no es posible por parte del comitente acudir a la resolución, y aunque la entidad de los defectos derive en incumplimiento, cuando es éste el que ha incumplido primero.

cabeceraejemploSegún la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2001, el contratista no tiene por qué pagar el coste de finalización de la obra, si quiera sea por la elemental razón de que, ante el impago de las cantidades pendientes por obras ya ejecutadas, no tenía obligación de continuar hasta la terminación de la obra. Así, la Sentencia de 4 de julio de 1988, el impago de la obra ejecutada y recibida es circunstancia impeditiva de que el dueño de la obra pueda alegar incumplimiento del contratista por no haber terminado la obra.lineacajasinferior

Por último, ha de hacerse referencia al incumplimiento parcial del contratista. En estos casos, el Tribunal Supremo ha admitido la viabilidad de la resolución, sobre todo teniendo en consideración la relación entre la parte incumplida con la totalidad de la obra. Pero DIEZ-PICAZO afirma que la buena fe debe imponer cierta moderación en la admisión de la acción resolutoria. Un caso particular es la apreciación por parte del comitente de que, lo que se está ejecutando, no se corresponde con lo pactado. La lógica nos conduce a afirmar que, tras un previo requerimiento al contratista y un plazo razonable para la rectificación, si la misma no se produce, cabe instar la resolución aún antes de concluir la obra, para obtener ventajas económicas, en cuanto se evitarán mayores perjuicios e indemnizaciones.

El efecto restitutorio puede que no quepa en la práctica (imaginemos una obra sobre un bien inmueble), así que se entregará el equivalente pecuniario. El efecto liberatorio va a suponer la desvinculación de las partes.

 

1.3.- FACULTAD DE DESISTIMIENTO RECOGIDA EN EL ART.1594 CC:

Con independencia del incumplimiento que hubiese podido existir, el art. 1594 Cc permite el desistimiento del dueño la obra, aunque haya comenzado a ejecutarse, indemnizado al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella. Se faculta al comitente del desistimiento incluso cuando el contratista esté cumpliendo con su obligación. Con ello se pone de relieve la independencia de dicha facultad con las motivaciones que le impulsan.

No es necesario el cumplimiento de los requisitos del art. 1124 Cc, ya que son dos preceptos completamente independientes. Mientras que se exigen determinadas circunstancias para la aplicación de la resolución contractual, el art. 1594 Cc no requiere justificación de ninguna clase. Añadido a lo anterior, se aprecia cierta desigualdad entre las indemnizaciones conferidas. El desistimiento no es un mecanismo de rescisión del contrato, ya que no hace falta probar el perjuicio ocasionado al comitente. El Código Civil ha pretendido que sea la mera voluntad de una sola de las partes la que ponga fin al contrato de obra.

cabeceraejemploYa lo aclara la Sentencia de 26 de abril de 2005, con referencia a incumplimiento contractual por imposibilidad en el objeto (carencia de licencia administrativa), determinando en su fundamento primero que se trataba de un supuesto de imposibilidad jurídica provocada y anterior a la celebración del contrato, sólo imputable a la parte recurrente o comitente, determinándose como relevante para que pudiera seguir adelante la obra, por lo que se produjo el obligado desestimiento de la misma y por esta razón el Tribunal de Apelación aplicó correctamente el artículo 1594, partiendo que nada se acreditó respecto a que la constructora hubiera incumplido sus deberes contractuales y por ello pudiera resultar aplicable el artículo 1124 (establecido en la Sentencia de 2 de noviembre de 1993), representando el desistimiento del comitente un acto de voluntad plena, unilateral y recepticio, que no precisa motivación y ha de tener lugar bien antes de realizarse la obra o durante su transcurso, ocasionando la extinción de la relación y la obligación de indemnizar al contratista.lineacajasinferior

Para el Tribunal, se trata de situación jurídica distinta a la de la resolución del contrato que autoriza el artículo 1124, carente de relación con el 1594 y no procede asimilar ni confundir el artículo 1124 con el 1594, como tampoco, lógicamente, sus consecuencias jurídicas. Por ello, “se conculca abiertamente el artículo 1594 que impone al comitente la obligación de indemnizar al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de la obra a llevar a cabo, comprendiendo el concepto de gastos los desembolsos realizados en la obtención de elementos incorporados o incorporables a la construcción, así como el precio de la obra ejecutada (Sentencia de 13 de mayo de 1993 y 20 de febrero de 1994), lo que ha de ser probado, como aquí ocurrió, ya que el precepto lo que trata de asegurar es que el contratista resulte indemne. La facultad que ostenta el dueño de la obra de desistir de la misma no la puede ejercitar impunemente con el daño a la otra parte (Sentencias de 30 de mayo de 1987 y 26 de febrero de 1994)”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1911 asienta las bases para entender esta facultad de desistimiento en el contrato de obra, en relación con el art.1256 Cc, que prohíbe la fijación de la vigencia del contrato por una sola de las partes: “Que el artículo 1594, que faculta al dueño de una obra para desistir por su sola voluntad de la construcción de la misma aunque se haya empezado… por su tenor literal, y por la relación que guarda con el qe le precede se refiere a la construcción de un edificio u obra por ajuste alzado, y por contener una excepción del principio de derecho común sancionado en el artículo 1256 , según el que no puede dejarse al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de los contratos, es de interpretación estricta y consiguientemente no cabe darle otro alcance que el que consienta el tenor literal del texto”. Esta doctrina jurisprudencial mantenida ha recibido numerosas críticas, en cuanto no se considera el art.1594 Cc como modificación del 1256 Cc.

El desistimiento del comitente no resta validez ni eficacia al contrato de obra. Se ha de distinguir entre que la validez del contrato dependa de a voluntad de una de las partes, con que el contrato pueda terminar por a voluntad de una de ellas.

El efecto del desistimiento consiste en el fin del contrato de obra con la indemnización del propietario al contratista. Tal indemnización surge del empleo de la facultad de desistimiento, independientemente de los motivos que la conducen. En la práctica, en ocasiones el comitente ha optado por la vía del desistimiento ante el incumplimiento probado del contratista, y ello es un craso error por las consecuencias económicas perjudiciales, ya que la solución jurídica adecuada sería optar por la resolución, debido al distinto tratamiento normativo.

cabeceraejemploEs lo que sucede en la Sentencia de 24 de enero de 1970, en la que los hechos se centraban en la notificación del dueño de la obra que realiza al contratista mediante acta notarial, por la que se ejercita el desistimiento de la obra, regulado en el art. 1594 Cc. La sociedad contratista demanda al dueño reclamándole el importe no pagado y los daños y perjuicios. Sin embargo, el dueño de a obra se opone por  incumplimiento, y reconviene solicitando el importe de los materiales entregados a la sociedad actora y la indemnización por la paralización de la obra por ser inaplicable el precepto mencionado, sino el art. 1124 Cc. El Juzgado estima en parte la demanda y la reconvención y la Audiencia revoca solo en algunos aspectos. El dueño de la obra recurre en casación y el Tribunal declara no haber lugar, debido a que, tras obtener el asesoramiento técnico adecuado, decidió hacer uso del derecho del art. 1594 por medio de un acta notarial, sin desconocer las consecuencias de la aplicación de su norma. Y sin contravenir el principio general de ir contra los actos propios. Afirma que el derecho del contratista no se fundamenta en ninguna razón o motivo del comitente para rechazar la obra, ni que concurran los requisitos del art. 1124 Cc.lineacajasinferior

La indemnización ha de cubrir los gastos del contratista, el trabajo y la utilidad que pudiere obtener de la obra. La finalidad última es que el contratista, por el ejercicio voluntario y exclusivo del desistimiento del comitente, no sufra perjuicio alguno. Si ambas partes pactan la indemnización, se ha de estar a lo pactado.

Sin embargo, si no existe estipulación alguna sobre la cuantía indemnizatoria, el precepto dispone TRES CONCEPTOS INDEMNIZABLES:

a) Gastos: consiste en el dinero empleado por el contratista para el pago de bienes o servicios empleados en la obra encargada. Se determina como gasto indemnizable cualquiera que provenga de la parte de obra ejecutada. Siguiendo a la doctrina jurisprudencial, y tal y como reseña una parte de la doctrina (LUCAS FERNANDEZ O DE LA CÁMARA), comprende los materiales no incorporados a la obra, que se hallan o no en el lugar de ejecución de la obra, pudiendo el contratista retirarlos o exigir su importe; así como comisiones pagadas a intermediarios; los gastos de las obras provisionales, materiales acopiados, encargados o en elaboración; maquinaria, herramientas, utensilios adquiridos  para la ejecución de dicha obra…

b) Trabajos: parece aludir a la parte de la obra ejecutada. Para DE LA CAMARA, se alude en este precepto al abono que debe realizar el comitente respecto de las inversiones traducidas en elementos estructurales del edificio (materiales empleados, valor de la mano de obra…) Si existen defectos o vicios en la parte que ha sido ejecutada, reducirán del valor indemnizable correspondiente al trabajo.

c) Utilidad: es el concepto más polémico, en tanto ni doctrina ni jurisprudencia acuerdan una común interpretación. La jurisprudencia se muestra partidaria de entender la utilidad como ganancia neta o beneficio industrial del contratista por la realización de la obra.

cabeceraejemploEn la Sentencia de 10 de marzo de 1979 se determinaba lo siguiente: “la utilidad a indemnizar es la que pudiera obtener el contratista de la totalidad de la obra, y no tan solo de la parte ejecutada, y como la Sentencia recurrida, pese a reconocer ser de abono al contratista el 15 % de beneficio industrial que le corresponde por la obra realizada, deja fuera del ámbito indemnizatorio ese mismo beneficio industrial correspondiente a la parte de obra pendiente de ejecución al tiempo de producirse el desistimiento”.lineacajasinferior

Volvemos al fin perseguido, en cuanto el contratista no sufra perjuicio porque el comitente ejercite el desistimiento por su voluntad. Para determinar la utilidad, LUCAS FERNÁNDEZ afirma que se alude a la utilidad total, y la base de cálculo para fijar el beneficio ha de ser el valor de la obra ejecutada, adicionando el valor de la obra que resta, y deduciendo las cantidades entregadas a cuenta. El porcentaje que se toma como base de cálculo depende de la prueba practicada pericialmente, o bien de la consideración como justo porcentaje para la fijación de la utilidad del 15 por 100.

cabeceraejemploEn la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1993, se establece que, aunque en los documentos no se aprecie como beneficio industrial el porcentaje del 15 por 100, “no significa la imposibilidad de su exigencia para el supuesto previsto en el artículo 1594 del Cc, al deber entenderse, a tenor de reiterada doctrina mantenida por la Sala, que procede su cálculo con arreglo a los márgenes o elementos que figuran en el contrato, pero si nada se ha dicho sobre su porcentaje, este será de un 15 por 100 del total del precio convenido”.lineacajasinferior

 

2.- LA RESPONSABILIDAD POR VICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL. DISCUTIDA VIGENCIA DEL ART.1591 CC:

Se ha criticado la regulación del Código Civil en materia del contrato de obra, por su anacronismo y deficiencia. Se regula el contrato de obra en materia de responsabilidad por defectos de obra aplicando el art. 1553 Cc, al tratarse de una subespecie del contrato de arrendamiento, y declarando aplicables las normas sobre saneamiento de la compraventa. Sin embargo, se deriva de la práctica en que ni la acción quanti minoris, ni la redhibitoria, responden a las exigencias del comitente, ya que las acciones por los defectos o vicios ocultos se extinguen a los seis meses. Como bien expone DIEZ-PICAZO, es tiempo suficiente para que el arrendador descubra los defectos, pero insatisfactorio para el contrato de obra, donde los vicios pueden aparecer bien pasados los seis meses.

Por ello, el Tribunal Supremo ha entendido que es de aplicación el art. 1591Cc, que regula la ruina de los edificios por vicios en la construcción, y en el que la garantía tiene un plazo de diez años. Se ha determinado que este precepto alude a una responsabilidad contractual, y que el plazo es al mismo tiempo de garantía y de duración de las acciones. Lo que es claro, según DIEZ-PICAZO, es que el supuesto de hecho de la norma se refiere a ruina en sentido estricto, y es a partir de la Sentencia de 20 de noviembre de 1959 cuando se produce una reinterpretación del concepto, para terminar aceptando lo que se ha denominado como ruina funcional: “se entiende por ruina todo defecto que impide la utilización de edificios o de sus diferentes partes (como defectos de la calefacción, los de fontanería, mala fijación de losetas…)”.

 La Sentencia de 11 de diciembre de 2003 resume la doctrina jurisprudencial con respecto al concepto de ruina, señalando que el término ruina que utiliza el art. 1591 Cc no debe quedar reducido al supuesto de derrumbamiento total o parcial de la obra, (ruina física), sino que hay que extenderlo y ampliarlo a aquellos defectos que, por exceder de las imperfecciones corrientes, configuran una violación del contrato, viniendo a significar unos defectos constructivos determinantes del concepto de ruina funcional, al hacerse la edificación inútil para el fin que le es propio, en consecuencia con las exigencias del mundo de la construcción, en el que confluyen intereses y supuestos complejos, de no siempre fácil delimitación de las responsabilidades respectivas; y la Sentencia de 21 de marzo de 1996, considera defectos graves todos aquellos vicios que impidan el disfrute, la normal utilización y habitabilidad, por representar riesgo potencial de llegar a hacer inútil la edificación, que acrecienta el transcurso del tiempo, sino se adoptan las medidas correctoras, necesarias y efectivas ( Sentencias de 13 de octubre de 1994 y 7 de febrero y 15 de mayo de 1995). Las humedades que afectan a los edificios en sus diversas dependencias entran también en el concepto jurídico de anomalías constructivas (Sentencias de 22 de julio de 1991 y 22 de diciembre de 1992), así como las que presenten intensidad suficiente para ser reputadas como defectos ruinógenos, que también han de incluirse en el artículo 1591 del Código Civil (Sentencia de 8 de mayo de 1998). Para el Tribunal Supremo, deben considerarse como ruina potencial o funcional todos aquellos defectos que conjuntamente hacen inútil o, por lo menos, gravemente irritable o molesto el uso de las viviendas conforme a su natural y buscado de propósito destino al convenir la adquisición de las mismas. Cosa distinta es, sin embargo, las diferencias estructurales entre proyecto y obra realizada y vendida, porque ello es materia que afecta a la relación contractual de compradores y vendedores con proyección jurídica que nos viene dada no por el artículo 1591 del Código Civil que es la acción ejercitada, sino por los artículos 1101 y 1124 del mismo cuerpo legal, aparte de que esas variaciones pueden ser producto, en ciertos casos, de compensaciones convenidas o no, en otros elementos constructivos o impuestos por las Ordenanzas Técnicas o para aconsejarlo así la propia «lex artis» ( Sentencia de 12 de abril de 1988).

Se consagra la solidaridad entre los distintos causantes del daño cuando no es posible la individualización.

En la determinación de la responsabilidad por vicios ruinógenos existe un elenco de Sentencias que construyen las responsabilidades de cada uno de los agentes intervinientes.

La Ley de Ordenación de la Edificación ha cambiado el panorama, regulando supuestos específicos de responsabilidad de los agentes intervinientes en los daños materiales del edificio. El problema se centra en decidir la vigencia de este precepto tras la Ley, que no lo deroga expresamente. Según una parte de la doctrina, como la Ley excluye de su regulación los casos en los que se producen daños corporales, daños a bienes muebles, daños morales… (el art. 19.9 LOE excluye los daños morales de las garantías legales, salvo pacto a contrario), y sin embargo, estos daños sí son indemnizables, para ellos han de aplicarse los artículos respectivos del Código Civil (arts. 1591, 1907 y 1909 Cc). Incluso en los casos en los que los daños sean causados a personas distintas del propietario o de un tercero adquirente, la solución se encuentra en los arts. 1907 y 1909 Cc, estando vigentes aún con la LOE.

Esta interpretación no es unánime en la doctrina, ya que el art. 1591.1 Cc se entiende por algunos derogado tácitamente por la regulación de la LOE (Cabanillas Sánchez, Carrasco Perera, González Poveda, Ruiz-Rico, Izquierdo Tolsada…), o vigente de manera parcial, tal y como se ha visto, por otros (Diez-Picazo, Martínez Más, Abascal Modero..), con base en la Disposición Derogatoria Única, que establece: “Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley”, comprendiendo incluida en la misma, para esta opinión, el art. 1591 Cc. Aunque algún autor exige una derogación expresa o una nueva redacción de los arts. 1591 y 1909 Cc por parte del legislador. Defiende CABANILLAS la idea de que, si tras la Ley se mantuviese el art.1591 Cc, sin entenderlo como derogado, se produciría una paradoja consistente en que el sistema de aseguramiento obligatorio que establece la LOE se aplicaría respecto de los daños materiales ocasionados por vicios y defectos de construcción detallado en el art.17 de la Ley, y no en la responsabilidad por vicios determinantes de ruina que prevé el art. 1591 Cc, siendo claramente incoherente.

Los que opinan que se halla parcialmente vigente se fundamentan en que la Ley no ha derogado explícitamente el precepto, por lo que seguirá vigente en tanto no contradiga el nuevo régimen legal. Para SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, el artículo 17 LOE es una norma especial, frente al art.1591 Cc, considerado como norma general. Esto determina que el régimen de cobertura decenal de cabida a supuestos en los que se produzcan daños ocasionados  en elementos distintos del edificio (como daños morales, daños en bienes muebles…) Por ello, al no ser derogado de manera explícita, el art. 1591.1 Cc cubre las situaciones fuera del ámbito del art. 17 LOE.

 

3.- RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SEGÚN LA LOE:

Con anterioridad a la LOE, la jurisprudencia que aplicaba el art. 1591 Cc había seguido una clara tendencia a la objetivación de la responsabilidad, con una posible presunción iuris tantum de culpa de profesional encargado de la obra, sin que el dueño de la misma necesitase probarla, desvirtuándose únicamente cuando se probase que la ruina se originó por causas distintas de los vicios. Y esta parece ser la línea continuada por la Ley, ya que en el art. 17.8, cuando determina que se ha de probar el caso fortuito, la fuerza mayor, la intervención de tercero o la propia culpa del perjudicado para no imputar la responsabilidad a los agentes. De ahí que basta con la producción de los daños materiales para que los agentes de la edificación respondan.

Este carácter objetivo de la responsabilidad se plasma en los plazos de garantía, cuya explicación la encuentra CABANILLAS SÁNCHEZ en la suscripción obligatoria de seguros de daños materiales o seguros de caución para garantizar la reparación de los daños causados por vicios o defectos en la construcción.

Para examinar la responsabilidad que dispone la LOE relativa al incumplimiento de obligaciones, DIEZ-PICAZO determina que lo primero que debemos cuestionarnos son las obligaciones que los agentes de la edificación incumplen, relativo a la responsabilidad. Para el autor, es discutible en algunos casos la consideración de obligaciones. En el caso del constructor, la formalización de subcontrataciones se constituye como obligación, cuando en realidad debe tratarse de una facultad; en el caso de los propietarios, la obligación de utilizar el edificio de acuerdo con las normas e instrucciones contenidas en el documento de obra parece ir contra el contenido del derecho de propiedad, cuando realmente el contenido de la obligación debió ser el buen uso y mantenimiento para terceros… Las obligaciones se hallan expresamente tasadas y reguladas, sin embargo existen algunas que se desconoce ante quién se asumen, como la exigencia de titulación profesional habilitante, que tiene carácter público (el autor pone como ejemplo el que contrata a sabiendas de la carencia de tal titulación, con lo que no podrá reclamar posteriormente el cumplimiento de dicha obligación).

Centrándonos en el régimen de responsabilidades, el art. 17 LOE establece en su primer párrafo: “Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que interviene en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas, o desde la subsanación de ésta”.

El precepto regula la responsabilidad de los agentes intervinientes en la edificación frente a los propietarios y frente a terceros. Es dudosa la alusión a las restantes responsabilidades contractuales. En un primer momento, parece interpretarse en cuanto las responsabilidades recogidas en el art. 17 LOE no son consideradas como contractuales (como así defiende algún autor). Sin embargo, esto carece de sentido práctico y jurídico. Si se sigue la línea de la jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha afirmado en ocasiones, tal y como señala DIEZ-PICAZO, que en la compraventa de edificios existe una especie de cesión de acciones contra los agentes de edificación. Y esto es tal y como aclara el Tribunal, que la primera afirmación del artículo se estará refiriendo a otro tipo de responsabilidades contractuales.  Como ya se ha expresado anteriormente, la Ley regula supuestos específicos de responsabilidad de los agentes intervinientes en los daños materiales del edificio. Esto excluye de su regulación los casos en los que se producen daños corporales, daños a bienes muebles, daños morales… (el art. 19.9 excluye los daños morales de las garantías legales, salvo pacto a contrario). Sin embargo, estos daños sí son indemnizables. Para ello ha de aplicarse los artículos respectivos del Código Civil (arts. 1591, 1907 y 1909 Cc), además de resolver los supuestos de daños a personas distintas del propietario o tercero adquirente, la solución se encuentra en los arts. 1907 y 1909 Cc, estando vigentes aún con la LOE. En lo que respecta a la vigencia o no de tales preceptos, nos remitimos a lo dicho anteriormente, al aludir a la responsabilidad en el contrato de obra, aunque parece que la Ley no ha derogado explícitamente el precepto, por lo que seguirá vigente en tanto no contradiga el nuevo régimen legal . Recordemos la postura que defiende la consideración del artículo 17 LOE como una norma especial, frente al art.1591 Cc, considerado como norma general. Con ello, el régimen de cobertura decenal se aplicaría a supuestos en los que se produjesen daños ocasionados  en elementos distintos del edificio (como daños morales, daños en bienes muebles…).

Otra opinión es la que sostiene que la expresión “sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales…” alude a lo que la jurisprudencia francesa a denominado como “DAÑOS INTERMEDIOS”, no contemplados en las garantías establecidas en la Ley, aplicándose el régimen de la responsabilidad contractual; o bien a la posibilidad de los adquirentes de los edificios de ejercitar la acción resolutoria del art. 1124 Cc.

 

3.1.- PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD

1/ NOCION DE EDIFICIO: En primer lugar, el art. 17 LOE se refiere a la responsabilidad por daños materiales en el edificio. Por tanto, es imprescindible partir de la noción de edificio empleada. Aunque parece que hubiese sido preferible la utilización del término obra, al ser más amplio, ha de ser entendido como obra inmobiliaria, tratándose o no de edificio (CABANILLAS), en su sentido global. El art.2 de la Ley conceptúa el término edificación, primero mediante la fijación del proceso de edificación,  en segundo lugar, mediante la enumeración de las oras comprendidas en el término (“Esta Ley es de aplicación al proceso de edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: a) Administrativo, sanitario, religioso,, residencial en todas sus formas, docente y cultura. b) Aeronáutico, agropecuario, de la energía de la hidráulica, minero, de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones), del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal, industrial, naval, de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación”). En el punto segundo, el artículo menciona la consideración de edificación, abarcando una amplitud de supuestos. En la jurisprudencia anterior se mantuvo una noción generalizada de edificio, tal y como muestra la Sentencia de 17 de diciembre de 1997, en la que se determina el concepto jurídico de edificio de manera amplia, de conformidad con los artículos 389, 391, 1907 y 1908 Cc, alcanzando no solo a las nuevas construcciones, “sino también a todas las que, por su importancia o trascendencia, supongan la transformación de tras subsistentes”. Del mismo modo lo hace actualmente la Ley, entendiendo edificación como obra de construcción inmobiliaria.

2/ DAÑOS MATERIALES: El segundo presupuesto de la responsabilidad reside en los daños materiales ocasionados en el edificio por virtud de un vicio o defecto. El art.17 LOE sigue el criterio francés de recoger exclusivamente los daños materiales que se concreten directamente en el edificio, dejando al margen los daños morales o espirituales. Tales daños han de producirse a partir de vicios o defectos de la construcción, originando con ello un perjuicio del que va a derivar la responsabilidad. La cuestión se suscita en torno a la interpretación de vicios y defectos. El criterio perseguido por el art. 1591 Cc establecía la distinción entre vicios del suelo, de la construcción y de la dirección. No obstante, esta idea ha sido abandonada por la Ley, que ha preferido referirse exclusivamente a daños materiales en la construcción, según los art. 17.3 y 19, sin que quepa alusión alguna a los defectos de suelo o dirección. La explicación adecuada se encuentra en que la distinción servía en la situación prelegislativa para responsabilizar al arquitecto. Sin embargo, no es necesario en la Ley de Ordenación, ya que alude genéricamente a los agentes de la edificación, y no de manera particular, con lo que queda incluido entre las responsabilidades reguladas. Por otro lado, mediante vicio de la construcción, a diferencia del art. 1591, se está empleando un sentido genérico, desconectándose no solo de los agentes intervinientes, sino incluso de sus tareas (CABANILLAS SÁNCHEZ).

3/ CARÁCTER OCULTO DE LOS VICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Un tercer presupuesto, exigido por parte de la doctrina como ya analizamos y a lo que nos remitimos, consiste en el carácter oculto de los vicios de la construcción en el momento de la recepción de la obra. Recordemos que la doctrina jurisprudencial ha mantenido que una aprobación del comitente de la obra entregada libera al contratista de los vicios o defectos aparentes. No obstante, la Ley de Ordenación en su art. 17 no lo ha reflejado, ni en el art.6, dejando sin resolver el problema. Una posible solución sería la exigencia al dueño de la obra de que demostrase que el vicio era oculto en el momento de la recepción, apareciendo con posterioridad. Pero esto se revela del todo complicado para que el comitente obtuviese la reparación. De ahí que la mayoría de las Sentencias del Tribunal presupongan el carácter oculto de los vicios hasta la prueba en contrario por parte del contratista, con una menor dificultad para la realización de esta prueba. CABANILLAS SÁNCHEZ se muestra partidario de la liberación del constructor cuando la recepción haya sido aprobada con vicios o defectos aparentes en la obra, que no fuesen objeto de reserva alguna. Y ello debido a su encaje con los principios informadores del Derecho de Obligaciones, ya que existe una carga en el acreedor de examinar la obra que le ha sido entregada para cerciorarse de la ausencia de vicios aparentes. La cuestión es la definición de vicio aparente, con lo que nos remitimos a lo expuesto anteriormente en cuanto a la diferencia entre la apariencia del vicio y la apariencia de sus consecuencias.

 

3.2.- PLAZOS DE GARANTÍA LEGAL EN RELACIÓN CON LOS DEFECTOS EN EL EDIFICIO

Para determinar los plazos de garantía, la Ley distingue entre tres tipos de vicios o defectos:

a)    DEFECTOS ESTRUCTURALES: daños materiales en el edificio por vicios que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales que ocasionen directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Son los vicios o defectos en la construcción de mayor gravedad, que se asemeja al concepto tradicional de ruina.

b)    DEFECTOS DE HABITABILIDAD: daños materiales causados por vicios constructivos o de las instalaciones, que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. Esta garantía afecta a todos los agentes que intervienen en el proceso. Se modifica la doctrina jurisprudencial de la ruina funcional, por la que los defectos de habitabilidad se regían por la garantía decenal del art.1591 Cc; no obstante, en la Ley de Ordenación se delimitan con un plazo de tres años.

c)    DEFECTOS DE TERMINACION O ACABADO: daños materiales causados en el edificio por la ejecución, que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras. Son defectos menores. El constructor es el responsable de la subsanación. La garantía de perfecta terminación o acabado tiene como objeto únicamente los elementos de terminación o acabado, y como finalidad permitir al dueño de la obra que disponga, tras recibirla, de una obra conforme a las calidades perfectas del momento de la recepción. Cubre dos tipos de defectos: los aparecidos en el momento de la entrega, y los surgidos un año después de esta recepción. En la práctica, se trataran de defectos de pintura, instalación, de fabricación, u omisiones de determinados elementos.

N o existe mención alguna a los defectos relativos a la higiene, la salud, la protección del medio ambiente, contra el ruido, el ahorro de energía y el aislamiento térmico, y otros aspectos funcionales (art.3.1.c). No obstante, parece que la doctrina acuerda incluirlo entre los defectos de habitabilidad, aunque nada se aluda en el art. 17.

Los plazos de garantía se establecen de acuerdo con el vicio que se presente. Durante diez años se responde por los defectos estructurales, durante tres años por los de habitabilidad, y durante un año por los de terminación o acabado, contándose desde la fecha de recepción de la obra sin reservas, o bien desde la subsanación de ésta. CABANILLAS muestra su rechazo a que se constituya la fecha de la recepción como punto de partida del plazo de garantía, ya que no estamos para el autor ante una responsabilidad contractual, y en la práctica suele suceder que se aprueben construcciones realmente no concluidas aún, quedando sin solución las recepciones parciales. Si la finalidad es la protección de los intereses de los usuarios, el comienzo del inicio del plazo debe partir desde la fecha de la conclusión y entrega de la obra “y no desde una fecha que depende de la voluntad de los hipotéticos responsables”. Aunque la prueba sea dificultosa, pero siempre será más fácil probar un hecho físico, que un acto negocial entre terceros como el la recepción.

Con la distinción entre defectos para el cómputo de plazos se concluye con la interpretación de ruina funcional del art. 1591 Cc, reducida y aplicable, según la mayoría de la doctrina, a los casos que quedan al margen de la LOE (nos remitimos a lo ya explicado). Estos plazos constituyen un tiempo de prueba de la buena ejecución, y al ser de garantía, no son susceptibles de suspensión o interrupción. Transcurridos los plazos previstos, no se aplicarán los regímenes de responsabilidad del artículo 17.

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES: Por otro lado, la ley establece un plazo de dos años como prescripción de las acciones para exigir la responsabilidad (que no debe ser confundido con los plazos de garantía), así como para las de repetición (art. 18). Este plazo comienza a contabilizarse desde que se produzcan los daños, independientemente de las acciones que subsistan por incumplimiento contractual. Y este momento del inicio del cómputo es uno de los problemas de este artículo, por cuanto comienza a correr aún sin conocer el alcance del vicio. Con ello, el legislador ha querido distinguir entre el plazo de duración de garantía y del ejercicio de las acciones correspondientes. Pero no ha aclarado lo que significa la referencia a las acciones que subsistan por incumplimiento contractual. Por un lado, deja al margen las acciones por responsabilidad extracontractual. Parece que se alude con ello a las acciones por daños no materiales derivados de vicios o defectos en la construcción, y de incumplimientos no recogidos en la Ley (DIEZ-PICAZO). En cuanto a las acciones de repetición, el plazo transcurre desde la firmeza de la resolución judicial que condene a indemnizar al responsable, o a partir de la fecha de la indemnización cuando se hubiere procedido extrajudicialmente.

 

4.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUALIZADA Y EXCEPCIONES

 

4.1.- RESPONSABILIDAD INDIVIDUALIZADA EN LA LEY

La responsabilidad que regula el art. 17.2 LOE será exigible de forma personal e individualizada, tanto por actos y omisiones propios como por actos y omisiones de las personas por las que se deba responder, excepto en los casos en los que concurra fuerza mayor o caso fortuito, o bien el acto de un tercero o el propio perjudicado por el daño (Art.17.8.LOE).

La responsabilidad recogida en la Ley se determina de manera individualizada, tras la expresión de un ámbito enormemente amplio, es decir, todas las personas que intervienen en el proceso de edificación. Esta regulación, que en un principio nos puede parecer demasiado extensa, dotada de cierta vaguedad, posteriormente se concreta en la determinación de quiénes son los agentes de la edificación responsables (aunque como ya se ha observado, para algún autor la responsabilidad es genérica y no se reduce a los agentes mencionados, sino también a aquellos que no lo son, como los gestores de proyecto). Ya se afirmó en la  Sentencia del TribunaL Supremo de 30 de septiembre de 1991 la complejidad que ofrece la función dinámica de la construcción, debido a todas las personas físicas o jurídicas que se convierten en coautores de este negocio. De ahí que pronto quedase desbordado el art. 1591 Cc para responder a los casos planteados en la práctica, debido al enorme elenco de actividades que se llevan a cabo en el actual proceso constructivo, y los diferentes agentes que son responsables de las mismas. Y el art. 17 LOE no sería eficaz si anteriormente en la propia Ley no se hubiese delimitado las distintas funciones de cada uno de los agentes.

 

4.2.- EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUALIZADA:

En el propio art.17 LOE se establecen dos excepciones a la regla general de la responsabilidad individualizada: los casos en los que no pueda individualizarse la causa de los daños materiales; y en los casos de actos u omisiones de personas por las que se deba responder.

1/ Los supuestos en los que sea imposible individualizar los daños, como caso de concurrencia de culpas, se resuelve a través de la regulación del art. 1591 Cc, elaborada por la jurisprudencia, teniendo como guía la regla de la responsabilidad del daño ocasionado por un grupo.

El art. 17.3 LOE establece lo siguiente: “cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente”. La solidaridad existe solo entre aquellos agentes en los que no resida causa de exoneración. En lo que respecta al promotor, se extenderá la responsabilidad a las personas físicas o jurídicas que actúen como tales bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios o figuras análogas (art.17.4). Y en cuanto al proyectista, si se ha contratado con más de uno la realización del proyecto, responderán solidariamente (art. 17.5). Ante la mencionada complejidad del proceso constructivo, en la mayoría de las ocasiones resulta difícil aislar cada una de las responsabilidades, con lo que la determinación de la solidaridad asegura el resarcimiento del perjudicad, así como facilita en el proceso la demanda, ya que no precisa la llamada de todos los agentes de la edificación que han intervenido. Para la jurisprudencia, la solidaridad pasiva es el cauce por el que se desarrolla la tutela judicial efectiva (Sentencia de 2 de junio de 1998), pero esto no es óbice para que posteriormente concreten y depuren sus responsabilidades entre si (Sentencia de 6 de octubre de 1992). En la Sentencia de 22 de marzo de 1986, se determinaba que la responsabilidad solidaria y la necesidad de traer a la contienda a todos los que han intervenido en la construcción del edificio objeto de contrato de obra -contratista, promotor, arquitecto y aparejador- es operante sólo cuando no sea posible discriminar o diferenciar la específica responsabilidad de cada uno de los partícipes en el resultado dañoso final ocasionado por la conjunción de causas -Sentencias de 5 de octubre de 1983, 17 de febrero y 16 de junio de 1984 y 17 de junio de 1985, supuesto distinto al debatido, como expresado queda, que en consecuencia no permite apreciar la existencia de una forzosa pluralidad de demandados para examinar la cuestión suscitada en el debate, como excepción a la regla general de que el actor como dominus litis puede establecer a su conveniencia los límites subjetivos del proceso.

2/ Los casos de responsabilidad por hechos ajenos los encontramos en los puntos 5, 6 y 7 del art.17. La solidaridad se especifica entre el promotor y los restantes agentes de la edificación frente a posibles adquirentes por los posibles vicios que pudiese tener el edificio.

-    Los casos en los que el proyectista contrate cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, ha de responder directamente de la insuficiencia, incorrección o inexactitud, reservándose la posibilidad de repetición contra sus autores (art.17.5). Para DIEZ-PICAZO, no se trata tanto de una responsabilidad por hecho ajeno, como una responsabilidad del deudor como propio deudor que es. Presenta la idea que recoge el art. 1596 Cc para la subcontratación.

-    El constructor también debe responder directamente de los daños causados en el edificio por la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de la obra, y demás personas físicas o jurídicas que dependan de él. De igual modo, será responsable directamente de las personas con las que subcontrate para la ejecución de determinadas partes o instalaciones. Y por último, se responsabiliza directamente de las deficiencias de los productos de construcción adquiridos por él. Todo ello sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar (art.17.6). En cuanto a este punto, afirmar que estamos ante una novedad respecto a la regulación del Código Civil. La respuesta a este tipo de responsabilidad se encuentra en el deber del constructor de controlar la calidad de los productos empleados en la construcción. Y en cuanto a la responsabilidad por sus auxiliares, mencionar que el término recoge, con independencia de su cualificación y autonomía, tanto a los dependientes como a sus sustitutos. La responsabilidad del subcontratista y los técnicos no es directa frente al comitente, sino frente a contratista, que si debe responder frente al que le encargó la obra por los auxiliares que contrató para ello.

-    Cuando se contrate la obra con diferentes directores, responderán de manera solidaria independientemente de la distribución posterior. El director de obra que no haya elaborado el proyecto él mismo, asume las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias e imperfecciones, reservándose la repetición que corresponda (art.17.7). Esto es consecuencia del deber del director de obra de revisar el proyecto y cerciorarse de su corrección. De ahí que se rechace como responsabilidad por hechos ajenos sino del propio deudor.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CABANILLAS SÁNCHEZ, “La responsabilidad civil por vicios en la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación”, ADC 2000.

CABANILLAS SANCHEZ, “La recepción de la obra en la Ley de Ordenación de la Edificación”, ADC 2002.

CAPILLA RONCERO, Derecho civil, Derecho de obligaciones y contratos, edit. Tirant lo blanch 2001.

DIEZ-PICAZO, “Ley de Edificación y Código Civil”, ADC 2000.

HERBOSA MARTINEZ ,La responsabilidad extracontractual por ruina de los edificios, edit. Civitas, 2002.

MOLTÓ GARCÍA, Los agentes de la edificación, edit. Montecorvo 2000

Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, Carrasco Perera, Cordero Lobato y González Carrasco, edit. Aranzadi ,2000.

Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, dir. Parejo Alfonso, edit. Tecnos, 2001.

Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Luis Diez-Picazo, tomo II, edit. Civitas.

La responsabilidad civil en la Ley de Ordenación de la Edificación, coord. Ruiz-Rico Ruíz.
Acciones de Documento
Copyright 2010, Autores y colaboradores. Cite/attribute Resource. Tema 3: Incumplimiento de los agentes y responsabilidad según la Ley de Ordenación de la Edificación. (2010, February 04). Retrieved July 30, 2014, from UNIA OpenCourseWare Web site: http://ocw.unia.es/ciencias-juridicas-y-derecho/responsabilidad-civil-agentes-edificacion/tema-3. Esta obra se publica bajo una licencia Creative Commons License. Creative Commons License